El taller ‘Quién vigila a las plataformas: regulación, periodismo y lucha contra la desinformación’, en colaboración con el Parlamento Europeo, ha denunciado en el 27º Congreso de Periodismo de Huesca cómo la desinformación es “un arma para destruirlo todo y los desinformadores lo hacen muy bien”, gracias también a la cooperación de las grandes plataformas, que no están cumpliendo con su responsabilidad legal.
El taller lo ha abierto Carlos Rul·lan, responsable de comunicación digital de la Oficina del Parlamento Europeo en España, quien ha destacado que la Unión Europea lleva “más de una década preocupada por este tema”, en el que comenzó a trabajar en 2015, cuando a raíz de la invasión rusa de Crimea se creó el grupo de expertos EUvsDisinfo.
En 2022 se llegó a la aprobación de la Ley de Servicios Digitales, “que regula la responsabilidad de las plataformas, de poner mecanismos contra la desinformación que corre por ellas”. Además, Rul·lan ha señalado que “nos enfrentamos todos los días amalgama de contenidos a los que hacer frente” y ha destacado la importancia de talleres como este “para tener herramientas suficientes para tener un espíritu crítico sobre qué contenidos vemos y por qué nos los enseña el algoritmo”.
Los periodistas Clara Jiménez y Carlos Hernández-Echevarría, CEO y director adjunto de la Fundación Maldita.es, dedicada a la verificación y lucha contra la desinformación, han comenzado su exposición destacando que actualmente “internet es más peligroso” porque “desde el COVID los desinformadores se han coordinado” y porque la llegada de Trump al poder ha supuesto un cambio que han denominado “la gran retirada”. En esta línea, “las mismas empresas que hablaban de compromiso contra la desinformación, tienen otros incentivos, políticos y económicos y casi todas han dado un paso atrás que está creando una vida más insegura para todos nosotros”.
Además, la IA supone un nuevo reto porque estos programas funcionan “como una cosechadora que recoge datos e identifica la verdad con lo más habitual, cuando la información de calidad es cada vez más difícil de encontrar y hay gobiernos represivos que están creando trillones de páginas optimizadas para engordar su versión cuando preguntas a ChatGPT”.
En este panorama, han señalado que la legislación europea ofrece en la Ley de Servicios Digitales estrategias para fiscalizar los contenidos que se difunden en base a tres principios clave: Lo que es ilegal off line (amenazas, estafas, pornografía infantil…) es ilegal online; las grandes plataformas tienen además la obligación adicional de tener una estrategia efectiva de reducción de riesgos sistémicos, “como un gran edificio de tener medidas contra incendios”, y finalmente deben cumplir sus propios términos y condiciones de servicio.
De esta manera, la meta es que cuenten con mecanismos para actuar cuando cualquier usuario difunde mensajes desinformadores o delictivos, pero Clara Jiménez y Carlos Hernández-Echevarría han presentado distintos ejemplos de investigaciones de Maldita.es que demuestran que no es así. Casos probados de cuentas que usan las mismas imágenes falsas para difundir mensajes de manipulación política opuestos para hacer creer el número de seguidores, páginas de estafa o cuentas que promueven la sexualización de menores.
Los dos periodistas han denunciado que los responsables, como Meta o TikTok, no han actuado ante unos contenidos de los que sacan tráfico e ingresos económicos y han destacada la importancia de denunciar la situación para buscar un cambio mediante la respuesta regulatoria y la presión pública.
Además de animar a todos los usuarios a usar los mecanismos de denuncia de las propias plataformas, de cara a los periodistas también han señalado que su web ofree herramientas para detectar y luchar contra la desinformación en la sección buloteca y también han señalado ideas como que las estrategias tienes que ser “breves y concisas porque luchamos por el tiempo de la gente”
El Congreso de Periodismo de Huesca está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, Telefónica y Renfe, como tren oficial.